Castilla había contribuido junto con otros reinos peninsulares al nacimiento del estado moderno en España, allá por el siglo XV. No habían corrido muchos años de andadura común como españoles, cuando se nos impone un gobierno compuesto por extranjeros traídos por el joven Carlos, futuro emperador de Alemania, asistidos por nobles españoles que obedientes trataban de complacerle plegándose a sus deseos recaudatorios con el fin de invertir los caudales del reino, especialmente los de Castilla, en sus aspiraciones personales e imperiales en Europa.
Castilla la tierra rica y extensa es el objetivo principal del nieto de los Reyes Católicos, para eso pretende que las Cortes castellanas convocadas en Santiago-La Coruña le aprueben los servicios especiales que pretende. Toledo se niega a participar en esas Cortes y protesta el 19 de octubre de 1519 en una carta enviada a Jaén contra esas medidas que considera abusivas ya que el primer perjudicado sería el pueblo “menudo”.
El 27 de febrero de 1520 hace ahora 486 años, Padilla explicaba esta negativa diciendo que Castilla tiene otras necesidades y que los impuestos con el trabajo se pagan “e no es en otorgar el poder para otorgar el servicio”. A partir de este momento se inicia abiertamente un enfrentamiento con la política de Carlos y muchos ciudadanos haciendo causa común con los concejos, inician con esa postura rebelde, el desarrollo de una doctrina cercana al igualitarismo nacida de una toma de conciencia del bien común compartido. Todos, se decía entre los comuneros, deben contribuir al sostenimiento de la república, pobres y ricos, seglares y eclesiásticos, nobles y plebeyos según sus posibilidades. “En Castilla todos contribuyen, todos fuesen iguales, todos pechasen”. Estas ideas que son producto de una incipiente revolución social que se adelanta en siglos a nuestros conceptos actuales democráticos es producto de una doctrina comunitarista cristiana, encuentran su desarrollo a medida que avanza y se extiende por Castilla la rebelión comunera. Una de las primeras consecuencias prácticas del movimiento fue la sustitución de los regimientos tradicionales compuestos por las oligarquías locales, por otros en los que participaban los vecinos en grado de igualdad con otros estamentos.
Se generaliza la intervención popular en las decisiones municipales votando asuntos que les atañen a todos los vecinos, influidos por la fuerte tradición castellana de los concejos abiertos que evolucionan hacia posturas cercanas a una democracia representativa.
Un nuevo estamento popular toma protagonismo en las ciudades comuneras donde no existía esta representación o era inoperante. Eran los hombres del común, los representantes de los barrios, de las colaciones, de las parroquias, de las cuadrillas, de las vecindades... elegidos libremente para gobernar las ciudades junto con los otros estados. De esta manera el artesano podía tratar asuntos del común en término de igualdad con el noble o el clérigo.
La comunidades formaron un movimiento que en 1520 había federado nuevos grupos urbanos de Castilla en el que como dice Joseph Pérez “todos los vecinos, sin distinción de clases ni estados, se sienten solidarios y copartícipes” y continúa “la comunidad así entendida, reúne a todo el común del pueblo y obra por el bien común de todos”.
El poder del Emperador pasó por encima de la voluntad de los castellanos. Los servicios se votaron en las Cortes y a Castilla se la fue despojando de sus riqueza, de sus leyes, de sus costumbres, de sus fueros y sobrevino el empobrecimiento y el abandono de su propia identidad. Castilla fue un árbol caído del que todos hicieron y aún hacen leña a placer. La venganza del Emperador (buen título para una clásica de miedo) parece llegar hasta hoy de la mano de los periféricos cuando reclaman “deudas históricas” inventadas para sacar tajada, a costa del cuento y del desconocimiento o interpretación de la historia todavía a principios del siglo XXI.
La famosa deuda histórica, se tendría en todo caso con Castilla la despojada y no con Cataluña la aprovechada.
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